Ilegales ¿quiénes?

por Daniela Pérez Feijóo

Las acciones legales desde el gremio han sido muchas y variadas.
Por la vía administrativa, se ha contestado el texto de la conciliación obligatoria extendida desde la Secretaría de Trabajo de la provincia. El texto de 21 páginas aún no ha recibido contestación.
Se rechazaron las resoluciones 204 (la de la conciliación obligatoria), 272 (la de la multa impuesta al gremio por 700 mil pesos) y la 311 (la del último llamado a audiencia de conciliación del último lunes.
Por la vía de la justicia, el gremio rechazó la medida autosatisfactiva que emitió el Juez Carlos Arenillas, a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y el juez se expidió en contra.
Adosac continuó el proceso ante la Cámara de Apelaciones y el 10 de junio, los jueces se expidieron en contra.
En estos días –aún se está en el margen de tiempo de 10 días que marca la ley- apelaremos nuevamente ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz en virtud de que el gremio se propone llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario.
Por otro lado, los abogados del gremio han presentado también una querella por práctica desleal del Estado, teniendo en cuenta la ley de Asociaciones Sindicales y en base a que el gobierno no se dispuso a dialogar con Adosac durante más de 180 días a pesar de los reiterados pedidos de paritarias durante el 2010 y comienzos del 2011.
Ante un pedido de amparo de un grupo de padres, el gremio contestó ante la Justicia, pero el Juez aún no se ha expedido.
Ante el anuncio del gobernador de su intención de declarar ilegal el paro, el 15 de junio se presentó una medida cautelar ante la justicia para que no se avance en ninguna causa desde del Estado en función de no estar agotada la vía administrativa. Esto impediría al Ejecutivo iniciar el pedido de ilegalidad hasta que no responda al recurso presentado por la conciliación obligatoria por la vía administrativa.
Una vez cumplido el trámite administrativo y si el gobierno provincial insistiera en declarar ilegal el paro, se debería abrir el debate judicial para que el gremio pueda responder en la causa. En caso de declararse ilegal, toda decisión es apelable.
La abogada del gremio, Dra. Raquel Coronel, explicó al congreso de Adosac las formas de juicio en función de los tiempos que demanda un proceso. Hay juicios normales y juicios sumarísimos. Para algunas causas, la justicia santacruceña actúa en versión sumarísima, es decir extremadamente rápida, como alguna de las causas elevadas por Adosac que exhibe un récord de velocidad, un traslado de sólo 6 horas para expedirse en contra del gremio.
Actualmente el gremio está preparando la presentación de una queja ante el comité de libertades sindicales de la Organización Internacional del Trabajo por los apremios sufridos en el accionar de la agrupación de los docentes santacruceños.
Hasta ahí el detalle de lo acontecido en materia judicial y administrativa en los asuntos propios de la marcha gremial.
Pero los abogados del gremio, la ya nombrada Coronel y el Dr. Enrique Papa, actúan también en otras dos localidades de la provincia: Las Heras, 52 imputados, la mayoría de ellos docentes de Adosac, citados por la justicia por participar de la protesta social y Río Turbio, la golpiza más feroz de la historia contemporánea santacruceña que aún no tiene ningún imputado.
Sin embargo, el gobierno quiere encuadrar a los docentes en la ilegalidad. Se olvida de su ilegalidad al no responder al pedido de 17 solicitudes de paritarias. Se olvida de la ilegalidad de amparar a una patota desquiciada en sus visitas a las inauguraciones de la provincia. Se olvida de la ilegalidad de no responder por el destino de los descuentos a los haberes de los docentes en lucha. Se olvida de la ilegalidad de dictar una conciliación obligatoria en términos no contemplados en la ley. Se olvida de la ilegalidad de otorgar un aumento fuera de la mesa de paritarias enmarcada en una ley que él mismo promovió al asumir su mandato. Se olvida de ilegalidades varias al contratar la obra pública de la provincia, al descuidar la situación educativa provincial, al querer aplicar el acuerdo 078 con claros visos anticonstitucionales, al manejar a su policía, liberando zonas cuando su gente actúa violentamente. Se olvida de la ilegalidad de desconocer a la justicia como un poder independiente, declarando en muchas oportunidades como si el ejecutivo se encargara de la justicia. Y seguramente se olvida de muchas más ilegalidades en su accionar, a las que uno ni siquiera tiene acceso.
Los docentes de Santa Cruz defienden un planteo legítimo, digno, honesto, por todos los canales que han emprendido. Pero la búsqueda de la solución no se dará en la justicia, sólo se puede dar por la vía política, con el diálogo, con la voluntad de llegar a un acuerdo por la vía de la gobernabilidad, con la clara intención de ver a la provincia en sus manifestaciones sociales y sin desconocer la gravedad del conflicto. No se puede seguir mirando para otro lado.